Comunicado de prensa conjunto de Fair Trade Advocacy Office, Fairtrade International, Rainforest Alliance y Solidaridad.

Bruselas, 14 de diciembre de 2023 - El día de hoy marca un hito importante, ya que se ha alcanzado con éxito un acuerdo político sobre la Directiva relativa a la debida diligencia en materia de sostenibilidad de las empresas, bajo la Presidencia española. Esta directiva innovadora exigirá a las empresas que operan en la UE que apliquen obligatoriamente la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente en toda su cadena de valor.

Hace tan sólo unos años, la perspectiva de una legislación obligatoria sobre debida diligencia no era más que un sueño para la mayoría de los defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, académicos y empresas punteras. Ahora, este momento histórico ha llegado, al cumplirse 12 años de la aprobación de las directrices voluntarias para empresas responsables, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP, por sus siglas en inglés).

"Nos alegramos de que por fin exista la obligación legal de que las empresas ejerzan la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente en sus cadenas de valor. Si se aplica correctamente, y a pesar de sus grandes deficiencias, esta directiva tiene el potencial de ser un paso clave hacia una mayor equidad en las cadenas de suministro mundiales", afirmó May Hylander, responsable de políticas y proyectos de Fair Trade Advocacy Office.

Aunque el acuerdo político alcanzado representa un avance considerable hacia la rendición de cuentas de las empresas, se queda corto en muchos aspectos: deja fuera a gran parte del sector financiero, sólo se aplica a empresas muy grandes y, aunque incluye la responsabilidad civil, no invierte la carga de la prueba, lo que dificulta el acceso a la justicia de las víctimas de abusos empresariales.

"Es una desilusión que el sector financiero haya quedado fuera de esta nueva Directiva Europea dada la trascendencia que tiene en la economía mundial" comenta Álvaro Goicoechea, Director de Fairtrade Ibérica.

La propuesta original de la Comisión Europea y el Enfoque General del Consejo de la UE abrían la puerta a responsabilidades en cascada y costes asociados en la cadena de suministro. Esto llevaría a efectos contraproducentes de la ley al dejar a los proveedores aún más vulnerables. Al reforzar algunos elementos importantes como el compromiso significativo de las partes interesadas, la desvinculación responsable y la obligación de abordar las prácticas de compra, el acuerdo final ha dado algunos pasos en la dirección correcta para solucionar este problema. Además, tanto el derecho a unos ingresos dignos como a un salario digno deben estar reconocidos en la ley.

"El nuevo texto supone un cambio considerable hacia una debida diligencia efectiva y transformadora, al adoptar una postura más firme sobre la necesidad de implicar de manera significativa a las partes interesadas en el proceso y al exigir que las empresas sólo pongan fin a sus relaciones comerciales de manera responsable y como último recurso. Esto garantizará que las empresas trabajen en la búsqueda de soluciones con los proveedores, en lugar de optar por un enfoque de corta y pega que no resuelve los problemas que encuentran", dijo Catarina Vieira, asesora política de la UE para Solidaridad.

Pero esto es sólo el principio.

Cada Estado miembro de la UE tendrá que transponer la directiva, lo que supone una gran oportunidad para eliminar las lagunas de la directiva y garantizar la alineación con los UNGP. (Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos )

Los imperativos de los próximos pasos.

La orientación es esencial para una aplicación eficaz. La Directiva encarga a la Comisión que elabore orientaciones sobre varios aspectos de la debida diligencia . En nuestra opinión, estas directrices deben elaborarse de forma consultiva y basarse en las directrices de debida diligencia de la OCDE, incluidas sus orientaciones sectoriales. Debe aportar claridad sobre la participación significativa de las partes interesadas, la desvinculación responsable, las prácticas de compra justas y las estrategias eficaces para lograr ingresos y salarios dignos. En estos documentos de orientación, la Comisión debería hacer hincapié en que los contratos son sólo un instrumento dentro de la caja de herramientas de diligencia debida de una empresa. En lugar de los tradicionales requisitos de arriba abajo, estos también deberían redactarse en colaboración y diálogo entre compradores y proveedores, con responsabilidad compartida en el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente.

Las medidas de acompañamiento son cruciales. La UE y sus Estados miembros deben dar prioridad a la prestación de apoyo financiero y técnico a los titulares de derechos y a sus representantes, a los agentes económicos vulnerables de las cadenas de valor mundiales (incluidos los agricultores a pequeña escala y los artesanos) y a los países socios de la UE. Las Delegaciones de la UE en los países socios desempeñan un papel fundamental a este respecto, como puntos focales y proveedores de apoyo.

"Las medidas de acompañamiento son esenciales para que la directiva se aplique de la mejor manera: para que todos los actores dispongan de información suficiente, para que los titulares de derechos puedan utilizarla para hacer frente a la mala conducta de las empresas y para que los proveedores más pequeños de los países socios reciban apoyo a la hora de aplicar los cambios necesarios", ha declarado Meri Hyrske-Fischer, Asesora de Derechos Humanos de Fairtrade International.

Por último, pero no por ello menos importante, la aplicación debe ser asumida de forma ambiciosa por las empresas. Deben tomar la iniciativa estableciendo procesos de debida diligencia que impliquen un diálogo abierto con los proveedores y otras partes interesadas, haciendo verdaderos esfuerzos por salvar las diferencias entre salarios dignos e ingresos dignos, y evaluando críticamente sus modelos de negocio y prácticas de compra. En resumen, empezar a corresponsabilizarse y no externalizar los costes de gestión del riesgo a sus proveedores.

"Esperamos la transposición de la nueva Directiva Europea a una Ley Nacional con la mayor premura para que las empresas españolas adecúen sus procesos por una apuesta decidida por los derechos humanos y medio ambiente" afirmó Álvaro Goicoechea, Director de Fairtrade Ibérica.

"Este acuerdo político es un hito para hacer de la debida diligencia la norma en las cadenas de valor mundiales, beneficiando potencialmente a millones de titulares de derechos en todo el mundo. Sin embargo, para lograrlo es necesaria la plena movilización de la Comisión, los Estados miembros y las empresas, ya que prevemos un largo proceso de transposición y aplicación", ha declarado Fanny Gauttier, responsable de Asuntos Públicos de la UE en Rainforest Alliance.

El día de hoy supone un avance significativo hacia la rendición de cuentas de las empresas y una conducta empresarial responsable. Ahora pedimos a la UE, a los Estados miembros y a las empresas que aprovechen este impulso para llevar a cabo las transformaciones necesarias para proteger los derechos humanos y el medio ambiente en todo el mundo.

Publicado originalmente el 14 Dic 23 en el sitio web de Fairtrade Internacional