Entendiendo la propuesta de DDDH de la UE - Una conversación con la Dra. Tytti Nahi de Fairtrade

25/02/2022

El 23 de febrero, la Comisión Europea presentó su propuesta de reglamento para toda la Unión Europea sobre Derechos Humanos y Debida Diligencia Medioambiental (DDDH) que insta a las grandes empresas que comercializan productos en el mercado de la UE a reducir y remediar cualquier impacto negativo grave que ellas o sus cadenas de suministro tengan sobre las personas o el medioambiente.

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Esta normativa puede mejorar en gran medida los medios de vida y otros derechos humanos de los agricultores y trabajadores que operan en las cadenas de suministro mundiales. Pero muchos grupos de agricultores certificados por Fairtrade temen lo contrario: una regulación mal definida que podría excluir a los agricultores y trabajadores vulnerables de las cadenas de suministro.

Como muchas organizaciones de justicia social de todo el mundo, Fairtrade ha seguido los preparativos de esta propuesta durante varios años. Pero, ¿qué dice la propuesta?

Hablamos con la Dra. Tytti Nahi, líder de Fairtrade en materia de empresas y derechos humanos, sobre su opinión acerca de la propuesta de la Comisión Europea sobre el DDDH y sobre el impacto que espera que tenga para ofrecer justicia a los consumidores europeos y a los agricultores de todo el mundo.

Gracias, Tytti, por charlar hoy con nosotros. De entrada, ¿cuál es la importancia de la propuesta de la Comisión Europea sobre el DRPH?

Se trata nada menos que de una propuesta innovadora. La propuesta de una obligación de HREDD en toda la UE es un gran primer paso hacia un entorno empresarial que se tome en serio el bienestar de las personas y la sostenibilidad medioambiental.

La propuesta lleva mucho tiempo elaborándose. De hecho, se basa en un acuerdo mundial, forjado en las Naciones Unidas en 2008, que insta a las empresas a respetar los derechos humanos y a establecer un sólido proceso de debida diligencia que identifique, aborde y dé cuenta de los impactos que las operaciones y las cadenas de valor tienen sobre las personas y el medioambiente. El concepto ha tenido tanto éxito que Francia, Alemania y Suiza, por ejemplo, ya han consagrado esta responsabilidad en leyes nacionales vinculantes.

Pero sobre todo, la propuesta de la UE tiene sentido común. Al igual que las empresas deben garantizar que sus productos son seguros para los consumidores, también deben asumir la responsabilidad de garantizar que la producción es segura para los trabajadores, los agricultores y el medio ambiente.

Así, son las empresas las que deben resolver sus problemas de derechos humanos.

Bueno, si ese fuera el alcance de la cuestión, entonces sería bastante sencillo. Pero el problema es mucho más complejo de lo que parece a primera vista. Cuando los peligros -para la seguridad y los derechos de los consumidores o los productores- se encuentran dentro de las cadenas de suministro, el reto de resolverlos se vuelve más complejo. En resumen, las empresas no pueden solucionarlos solas: necesitan el apoyo y la colaboración de toda su cadena de suministro.

Pero los actores de las primeras etapas de la cadena de suministro a menudo luchan por sí mismos para detener, prevenir y remediar las violaciones en su totalidad. Y no es por falta de intentos. Muchos de ellos, entre los que se encuentran millones de pequeños agricultores, simplemente carecen de recursos: el poder económico y el valor están distribuidos de forma muy desigual en muchas cadenas de suministro mundiales. Por eso es imperativo que las empresas que operan en los mercados de la UE apoyen también a sus proveedores -especialmente a los que están al principio de la cadena de suministro- mediante precios justos, otras prácticas de compra justas y proyectos concretos de desarrollo.

¿Cómo encaja la propuesta de la Comisión Europea en esta dinámica?

La propuesta de la Comisión Europea es buena para las empresas que se toman en serio la sostenibilidad. De hecho, iguala las condiciones para que todas las empresas de los mercados de la UE deban invertir en sostenibilidad tanto para las personas como para el medioambiente. Por ello, más de 100 empresas, inversores, asociaciones empresariales e iniciativas firmaron una declaración conjunta a principios de este mes en la que se instaba a la UE a adoptar rápidamente este reglamento.

Sin embargo, para que esta normativa ayude realmente a las empresas a ser más responsables y sostenibles en toda Europa, hay tres puntos que siguen siendo cruciales: las obligaciones de diligencia debida deben extenderse a toda la cadena de suministro; deben basarse en un compromiso significativo de las partes interesadas; y deben incluir una revisión y reforma continuas de las prácticas comerciales y de compra irresponsables.

En conjunto, estos tres elementos pueden estimular el diálogo y la colaboración necesarios entre las empresas de las fases anteriores y posteriores de las cadenas de suministro, lo que sigue siendo crucial para abordar toda una serie de complejos problemas en las cadenas de suministro mundiales, que van desde el trabajo infantil y la deforestación hasta la violencia de género.

¿Qué tan buena es entonces la actual propuesta de la Comisión Europea?

Desde nuestro punto de vista, la propuesta actual es un buen comienzo para las negociaciones posteriores, ya que la Comisión reconoce la necesidad de implicar a toda la cadena de suministro, involucrar a las partes interesadas y reformar las prácticas de compra.

Sin embargo, hay mucho margen de mejora en el alcance de la propuesta. La propuesta sólo abarca a las empresas muy grandes, quedando excluido alrededor del 99% de las empresas.

Además, la propuesta actual no lograría estimular la colaboración concreta dentro de las cadenas de suministro. Sólo cubre las "relaciones comerciales establecidas". Esto significa que las empresas que evitan las relaciones a largo plazo y mantienen listas de proveedores a corto plazo podrían seguir ignorando las cuestiones de derechos humanos y medioambientales en las cadenas de suministro.

La propuesta también sugiere que los compradores europeos podrían poner fin a una relación comercial siempre que el comprador vea que un proveedor tiene problemas graves de derechos humanos o medioambientales que probablemente no cesarán ni se mitigarán de forma significativa a corto plazo. Esto, francamente, no tiene sentido. Las soluciones a corto plazo son escasas porque los problemas graves, como el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la deforestación, están alimentados por muchos factores sociales y económicos.

Lo que necesitamos es un diálogo significativo y una colaboración duradera entre todos los actores de la cadena de suministro: eso es lo que hace falta para avanzar realmente en la prevención, el cese y la reparación de las violaciones de los derechos humanos y los daños medioambientales en las cadenas de suministro mundiales.

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