La ley obligaría a las empresas de nuestro país a identificar y evaluar el riesgo de que su actividad impacte negativamente, de manera directa o indirecta a través de su cadena de valor, en el disfrute de estos derechos, y les proveerá de herramientas para prevenir, mitigar y rendir cuentas de los daños que puedan provocar. La ley debe también asegurar mecanismos de rendición de cuentas y el acceso a la justicia de las víctimas cuyos derechos hayan sido vulnerados.
La ausencia de regulaciones adecuadas y la falta de consecuencias por la gestión negligente de los derechos humanos y los impactos ambientales en las cadenas de valor globales significa que hay pocos incentivos para que las empresas aborden esos impactos. La voluntariedad es de hecho una desventaja competitiva para las empresas que están haciendo bien las cosas.
La Plataforma por las Empresas Responsables, es una coalición de 14 organizaciones y plataformas que representa a más de 530 entidades sociales. Su demanda va más allá del mundo social y es compartida por personas del mundo académico, por empresas y por organizaciones empresariales como la Confederación Empresarial Española de Economía Social, que representa más de un 10% de nuestro PIB.
Otras empresas europeas están también demandando leyes similares en sus propios países. En Reino Unido por ejemplo, 36 empresas, organizaciones empresariales e inversores han emitido un comunicado en el que demandan a su gobierno que apruebe una ley exigente de debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales que asegure el respeto de los derechos y la remediación de los daños sufridos, al tiempo que obligue a todas las empresas del país a compartir unas reglas de juego comunes.
Si tu empresa apoya la necesidad de que exista un ley de estas características en España:
Pincha aquí, descárgate el documento de adhesión y envíalo firmado y sellado a plataforma@empresasresponsables.org