En la actualidad hay empresas que de manera voluntaria abordan este enfoque en su modelo de negocio y de gestión, pero siguen siendo una minoría. Aunque un número cada vez mayor de empresas también piden una regulación vinculante de los Derechos Humanos en toda la Unión Europea. De hecho, algunas empresas están haciendo esfuerzos considerables para cumplir con su responsabilidad de respetar los Derechos Humanos y el medioambiente en sus operaciones. Sin embargo, muchos otros contribuyen a la explotación y el abuso en las cadenas de suministro globales, ya sea de forma consciente o pasiva. Los Principios Rectores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señalan que toda organización empresarial tiene el deber de respetar los Derechos Humanos. Por ello, desde el movimiento del Comercio Justo y la certificación Fairtrade trabajamos intensamente y estamos avanzando con renovada determinación en trabajar con empresas, entidades y gobiernos con el fin de garantizar que las leyes futuras aborden las violaciones sistémicas de los Derechos Humanos y el medioambiente en las cadenas de suministro mundiales.

La ausencia de regulaciones adecuadas y la falta de consecuencias por la gestión negligente de los derechos humanos y los impactos ambientales en las cadenas de valor globales significa que hay pocos incentivos para que las empresas aborden esos impactos. La voluntariedad es de hecho una desventaja competitiva para las empresas que están haciendo bien las cosas.

La Plataforma por las Empresas Responsables, es una coalición de 14 organizaciones y plataformas que representa a más de 530 entidades sociales. Su demanda va más allá del mundo social y es compartida por personas del mundo académico, por empresas y por organizaciones empresariales como la Confederación Empresarial Española de Economía Social, que representa más de un 10% de nuestro PIB.

Otras empresas europeas están también demandando leyes similares en sus propios países. En Reino Unido por ejemplo, 36 empresas, organizaciones empresariales e inversores han emitido un comunicado en el que demandan a su gobierno que apruebe una ley exigente de debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales que asegure el respeto de los derechos y la remediación de los daños sufridos, al tiempo que obligue a todas las empresas del país a compartir unas reglas de juego comunes.

Si tu empresa apoya la necesidad de que exista un ley de estas características en España:
Pincha aquí, descárgate el documento de adhesión y envíalo firmado y sellado a plataforma@empresasresponsables.org